En México hay más de 400 conflictos socioambientales (en todos los sectores extractivos), que ponen de manifiesto la conveniencia de tener una lectura exhaustiva de los actores locales, regionales y nacionales involucrados en un proyecto. Dentro de ellos, 54 proyectos energéticos y 100 mineros se encuentran en riesgo, ante esos problemas.
Por esa situación, podrían perderse millones de dólares en inversión productiva, así como miles de empleos para los trabajadores por inconvenientes que van desde la tenencia de la tierra, la contaminación, afectaciones a sitios religiosos o arqueológicos, seguridad o, incluso, una mala comunicación corporativa.
Así lo revela el estudio “Evaluaciones de Impacto Social y Manifiestos de Impacto Ambiental: ¿un requisito más o una herramienta estratégica?” de Jorge Salem Suito y Monserrat Laguna, de Impacto Social Consultores, que destaca que, si bien, los proyectos de infraestructura conducen a un mayor desarrollo económico y social, también generan diversos conflictos sociales y afectaciones ambientales.
De entre los proyectos energéticos en riesgo, se encuentran 16 en Oaxaca, 8 en Puebla, 6 en Veracruz, 2 en Hidalgo, 3 en Baja California, Sur, 2 en Chihuahua, 2 en Jalisco, 1 en Baja California, Chiapas, Coahuila, Sonora y Guerrero.
Mientras que los que se encuentran en una situación similar, pero en proyectos mineros están: 1 en Baja California, 5 en Baja California Sur, 13 en Chihuahua, 4 en Coahuila, 4 en Durango, 12 en Zacatecas, 1 Nayarit, 2 Jalisco, 4 en Colima, 5 en Michoacán, 4 en Guanajuato, 4 en San Luis Potosí, 8 en Puebla, 3 en Veracruz, 7 en Oaxaca y 5 en Chiapas.
Cada día de retraso en una campaña de exploración, argumentan, representa pérdidas de entre 10 y 50 mil dólares diarios. Frecuentemente, el origen del conflicto está en una relación desigual entre los beneficios dispersos de los proyectos extractivos, frente a los costos locales para las comunidades que los hospedan.
Destaca que el ciudadano, que vive cerca de operaciones mineras o de energía, suele enfrentar impactos negativos que, al menos en el corto plazo, superan los beneficios locales del proyecto.
Pero hay mecanismos para elevar los beneficios locales de los proyectos extractivos, tanto como herramientas que permiten mitigar riesgos sociales, reducir la probabilidad de conflicto y mejorar las expectativas de una relación productiva, entre comunidad y empresas.
De hecho, es por eso que, desde organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), centros de investigación (Center for Sustainable Development), universidades, los mismos headquarters corporativos y los gobiernos nacionales, promueven o exigen como una buena práctica el uso de las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que funcionen como herramientas de gestión, subraya.
De ahí que Impacto Social Consultores, propone que, a través de un correcto mapeo de actores y de una caracterización adecuada de la población, pueden tenderse puentes entre los problemas que la comunidad tiene y las soluciones que puede ofrecer un proyecto. Esto permite construir vínculos sólidos entre comunidades y empresas a través de una comunicación eficaz.
- : Medios de comunicación
- : 12/07/2017
- : Energéticos y mineros
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- : Ambiental
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