En la sierra mazateca, donde hace 124 años nació la sacerdotisa María Sabina, 86 mil hectáreas se encuentran en la indefinición, a merced de los notarios públicos, porque nunca se promovieron acciones agrarias, de manera que las tierras podrían ser enajenadas para que las transnacionales impongan megaproyectos.
El ayuntamiento de San Miguel Chimalapa manifestó su rechazo al establecimiento de la compañía minera canadiense Minaurum Gold Inc en más de cinco mil hectáreas de su municipio, perteneciente a la región del Istmo de Tehuantepec.
Sin mayor trámite, la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la 63 Legislatura local envió la Iniciativa con Proyecto de Decreto, para adicionar y reformar disposiciones de la Constitución Política local, sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, al archivo definitivo en julio del año pasado.
Ativistas y juristas de la asociación civil «Tequio Jurídico», exhortaron a las comunidades involucradas en conflictos agrarios a propiciar ellas mismas el diálogo y buscar acuerdos para evitar más derramamiento de sangre.
El ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la pasada administración estatal, Adelfo Regino Montes, recomendó al Gobierno Federal implementar una estrategia para distender la crisis que se vive entre las comunidades de Santa María Ecatepec y San Lucas Ixcotepec.
Los recursos del Proyecto de Seguridad para Zonas Rurales (PESA) para Oaxaca han aumentado muy poco. Apenas entre seis y ocho millones por año.
La exploración y explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ha causado graves impactos en el medio ambiente en San José del Progreso y en sus alrededores, pero también el rompimiento del tejido social y el homicidio de dos opositores que aún siguen sin castigo.
Ante el desacato de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, al acuerdo de la asamblea ejidal para prohibir la minería en su territorio, los campesinos de esta comunidad están molestos porque vulnera su derecho a la libre determinación, pero también están más decididos a no permitir su ingreso y el desarrollo de cualquier actividad en su jurisdicción.
Vecinos de la agencia Boca del Río, en Salina Cruz del Istmo de Tehuantepec, denunciaron que la tarde de este martes se registró un nuevo derrame de crudo sobre sus terrenos ejidales, lo que agrava la contaminación en la zona.
Con la concesión Monte Albán IV de unas 10 mil hectáreas, que ha solicitado al gobierno federal, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines pretende ampliar su zona de explotación en territorio de los municipios de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán, ante el total rechazo de las comunidades del Valle de Ejutla, colindantes a San José del Progreso, donde funciona la mina La Trinidad.Una de ellas, fue esta comunidad y su anexo Los Ocotes, quienes dieron un rotundo no y declararon su territorio libre de minería, a pesar de las presiones y amenazas de la compañía, debido a los conocidos efectos nocivos del modelo extractivista en el medio ambiente.
Una vez que se ha corrido la voz de alerta sobre la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, de obtener una nueva concesión minera en el Valle de Ocotlán, los habitantes de esta comunidad ya empezaron a compartir información y a coordinarse, para evitar su emplazamiento.
Ante la intención de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines de obtener una nueva concesión, esta comunidad zapoteca del Valle de Ocotlán ha comenzado a informarse y a organizarse para impedir cualquier trabajo de exploración y explotación minera en su territorio.
Ante la eventual entrega de una nueva concesión a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, esta comunidades y otras del Valle de Ocotlán se declararon en alerta para evitar el ingreso a su territorio de personal de esa compañía a desarrollar trabajos de exploración.
Un cargamento de mil 900 toneladas de trigo, fue el primer traslado que realizó Ferromex -luego de 30 años de inactividad- desde el Puerto de Salina Cruz hasta el de Coatzacoalcos, como parte del proyecto de reactivación de la red ferroviaria que contribuya a generar condiciones de conectividad para la industria, comercio y el desarrollo de la Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Cuando el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña, Juan José Consejo Dueñas, habla del impacto que tiene la minería en los recursos naturales, abarca tres niveles: las alteraciones que ésta tiene en la vegetación, el aire y sobre todo el agua, por la gran cantidad que requiere esta industria extractivista.
Durante el primer trimestre del año la empresa canadiense Gold Resource Corporation (GRC) reportó ingresos por 32.2 millones de dólares por la extracción de oro y plata en la entidad.
Por no respetar el gobierno federal su derecho a la consulta libre, previa e informada durante la asignación de las concesiones a compañías canadienses y estadunidenses, al menos 40 comunidades indígenas de los Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca y el Istmo de Tehuantepec han declarado sus territorios libres de minería.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), son «ciegas y sordas» ante las denuncias de contaminación por hidrocarburo hechas por los pescadores de Salina Cruz.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), indicó que no existe reporte alguno por fuga de hidrocarburo en Salina Cruz, reportada por pescadores a mediados de la semana pasada.
Mariano Vicente, regidor de Ecología del gobierno municipal, indicó que la constante contaminación que genera Petróloeos Mexicanos se ha incrementado el número de afectaciones a la salud, y sobresalen enfermedades de la piel, nariz y garganta.
Empresas mineras extraen más de mil millones de litros de agua al año en la entidad. Con este líquido se podrían satisfacer las necesidades de higiene y consumo de alrededor de 18 mil oaxaqueños. Esta cifra rebasa lo permitido a los concesionarios ganaderos y el uso domestico.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 22 mil 80 millones de pesos en la construcción y modernización de la línea de transmisión de corriente directa Yautepec- Ciudad Ixtepec.
Pese a la inconformidad social que ha generado la entrega de concesiones mineras sin el consentimiento de comunidades oaxaqueñas, el Gobierno del Estado continuará impulsando esta industria, que en 2018 prevé una inversión de 80 millones de dólares a través de empresas nacionales, informó el secretario de Economía Juan Pablo Guzmán Cobián. Tras descartar que los bene×cios para las comunidades sean nulos por el ingreso de mineras a sus territorios, el funcionario subrayó la importancia que estas inversiones tienen para la entidad, desde la generación de impuestos hasta la creación de un fondo que bene×cia proyectos de infraestructura en municipios donde se llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales.
Ante el eventual daño al medio ambiente, comunidades indígenas chinantecas de San Felipe Usila, región de la Cuenca del Papaloapan, rechazaron el proyecto hidroeléctrico que pretende construir la empresa transnacional sudamericana Generación Enersi, S.A. de C.V., en la subcuenca del río Usila, con una inversión inicial de 350 millones de pesos.
En un entramado de relaciones capitalistas extractivas se ubica la consulta a los pueblos indígenas —que por derecho merecen de acuerdo al convenio 169 de la OIT— la cual pareciera ser un resquicio jurídico en el andamiaje de reformas estructurales en materia de hidrocarburos, energía, minería y de seguridad interna aprobadas en los últimos años. En este escenario se encuentra el municipio binnizá de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), con 11 mil 317 hectáreas de tierras comunales de las cuales más de la mitad han sido concesionadas a empresas eólicas. Actualmente opera el parque eólico Piedra Larga de Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial de la española Renovalia Energy, mientras Électricité de France (EDF) Énergies Nouvelles pretende instalar el parque eólico “Gunaa Sicarú” sobre 4 mil 400 hectáreas de la planicie al norte del estero de la comunidad, con una inversión de 600 millones de dólares.
El gobernador Alejandro Murat anunció que este año, empresarios canadienses invertirán 87.5 millones de dólares en el rubro de la minería en los próximos seis meses y con lo que se generarán más de cinco mil empleos directos.
Pese a la resistencia de los pueblos de Oaxaca en contra de la extracción minera en sus territorios, el gobierno estatal se ha dado a la tarea de anunciar recientemente la llegada de nueva inversión al estado, así como el otorgamiento de más concesiones a estas empresas. Además, debido a la riqueza en metales y minerales del subsuelo oaxaqueño, el ejecutivo estatal se encuentra promocionando a la entidad como un candidato para la inversión minera canadiense.
Ante las concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) sin el consentimiento de los propietarios, la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines (FSM), a través de cuatro filiales mexicanas, ha acaparado más de 80 mil hectáreas del territorio de pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, equivalente a diez veces más al tamaño de la ciudad capital.
Son 9.8 millones de pesos los que deberá pagar de multa la empresa Industria Metalúrgica de oro y plata Don David Gold en México, instalada en San Pedro Totolápam, Oaxaca por operar sin licencia ambiental, sanción impuesta por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Profepa).
Un total de 947 proyectos mineros de 275 empresas con capital extranjero operan en México, según el último diagnóstico de la Dirección General de Desarrollo Minero (DGDM).
La Empresa mexicana ENERSI invertirá 3 mil 580 millones de pesos, la cual será una de las más importantes para Oaxaca, pues se transforman en proyectos de energías limpias que ayudan a combatir los efectos del cambio climático.
La página oficial del Gobierno del estado de Oaxaca lanzó el comunicado acerca de una inversión de 3 mil 580 millones de pesos que se realizará a través de la empresa mexicana ENERSI para la instalación de un proyecto hidroeléctrico en el municipio de San Felipe Usila que aprovechará los ríos que cobijan a ese y municipios aledaños.
La Ley del Agua del Estado de Oaxaca presentada ante el Congreso Local por las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de Oaxaca, abre la puerta a la privatización en la construcción, operación y administración de la infraestructura hidráulica.
La suspensión de las operaciones en 21 parques eólicos de la zona del Istmo de Tehuantepec suman al momento 26 días. Cenace no ha podido autorizar el reinicio de operaciones debido al sismo del 19 de septiembre y a las más de seis mil réplicas en la localidad.El siguiente sismo del 19 de septiembre, y las más de seis mil réplicas registradas en la localidad, han impedido al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) autorizar el reinicio de las operaciones de las mil 186 turbinas generadoras de la energía debido a que no se ha terminado de hacer la evaluación de los daños generados.
“Se revisan todas las subestaciones de cada parque, hay una subestación en cada uno de ellos, cada una concentra la energía a una que la almacena para su distribución”, afirmó una fuente de la Subsecretaría de Energía del Gobierno de Oaxaca en entrevista con El Financiero.
Por lo menos 312 conflictos indígenas persisten en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente los mineros, seguido de problemas agrarios y servicios gubernamentales, donde Oaxaca ocupa el segundo lugar, reveló un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
(…) Las vías de comunicación son arterias del progreso, crecimiento y desarrollo humano y de los pueblos. Ésta es una verdad por demás sabida que se comprobará, una vez más, en Oaxaca, cuando en 18 meses más se terminen los trabajos de las dos súper carreteras en cuestión.
En la ciudad de Juchitán, Oaxaca, se estaba llevando a cabo el mes pasado una limpieza en torno a un generador propiedad de Electricité de France. Los trabajadores, que llevaban gafas de seguridad y máscaras, estaban limpiando un lubricante de color cobre que goteaba de la turbina.
Las mujeres indígenas zapotecas de Puente Madera, agencia municipal de San Blas Atempa así como los hombres que son campesinos se han unido en la defensa de su tierra y territorio, 
El Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, anunció la inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp, como parte del proyecto de “Eólica del Sur”, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, del Istmo de Tehuantepec, como resultado de la política de desarrollo económico y sustentable impulsada de manera coordinada por los gobiernos de la República y del Estado de Oaxaca.
Gonzalo Bustillos, integrante del Foro Ecológico Juchiteco señaló que, a medida del crecimiento de los parques eólicos, la desertificación en aquella zona irá creciendo y consecuentemente la pérdida de agua en el subsuelo. Un aerogenerador -explicó- esta sobre base de media hectárea es decir 50 por 50, si hay 2 mil aerogeneradores son al menos mil hectáreas deforestadas. “En esas hectáreas cubiertas por bloques de cemento no va a crecer nada. Hay que considerar también los caminos abiertos para llegar a todos los parques. En la terracería no va a crecer nada ahí”, dijo el activista. Aunque en la medida de mitigación de impacto ambiental se ha establecido la compensación con la siembra de especies, ésta no se ha realizado de manera adecuada, asentó. Según el activista sólo el 1 por ciento de lo reforestado ha logrado sobrevivir. El impacto no ha sido analizado desde aquél punto de vista, ya que cada vez son más los aerogeneradores asentados en el Istmo, pues es en este rubro en donde se han centrado la mayoría de las inversiones.
Flor S. V. es arrendataria de más de 4 hectáreas de tierras en el parque eólico 
Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.
Miembros de las Asambleas General de San Pablo Villa de Mitla y de Tlacolula de Matamoros exigieron a las autoridades municipales, estatales y federales a respetar el acuerdo de cabildo y asambleas para la no instalación de la Octava Región Militar en ambos municipios.
La Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño (APOYO) denunció las amenazas e intimidación hacia el defensor del territorio Rodrigo Flores Peñaloza, en un contexto de trabajo movilizaciones realizadas en defensa de la tierra y el territorio frente a los megaproyectos que el gobierno y las empresas quieren imponer al Istmo de Tehuantepec.
El campamento de mujeres zapotecas de San Blas Atempa sigue firme al igual que el bloqueo que mantienen sus esposos sobre la carretera federal panamericana 190 en el Istmo de Tehuantepec, 
Habitantes de Tlacolula, reiteraron su rechazo a la construcción de una base militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en su comunidad.
De acuerdo a la conferencia de prensa ofrecida hoy, por los propietarios de tierras donde se encuentra asentado este parque eólico y que lleva aproximadamente 19 días de bloqueo en su acceso, Bi hioxo no ha cumplido con los acuerdos firmados con los dueños de las tierras.
Indígenas zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa reactivaron el bloqueo carretero sobre la vía federal 190 a la altura de Puente Madera para exigir se detengan los trabajos de construcción de la obra de subestación eléctrica que realiza la empresa Tradeco y que beneficiará al parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Rosalba López Jiménez y más de 50 mujeres indígenas zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa son defensoras de su tierra y territorio, junto con sus esposos, que son campesinos cumplieron más de 30 horas de bloquear la carretera federal panamericana 190 a la altura de la comunidad de Puente Madera, exigen que se detengan las obras de construcción de la subestación para el parque eólico de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena).
Funcionarios de la Secretaria de Energía (Sener), se reunieron con alcaldes de Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio, con el propósito de establecer los primeros acercamientos que deriven en la realización de las consultas ciudadanas y la ejecución de los proyectos eólicos en el año 2020.
La oposición al establecimiento del nuevo cuartel general fue articulada por un grupo de ciudadanos preocupados por las eventuales afectaciones que originaría la edificación de un cuartel para cinco mil soldados y un hospital de tercer nivel en una superficie de 320 hectáreas, especialmente, el rompimiento del tejido social, la escasez de agua y la contaminación por aguas residuales.
El representante común de la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica en Chahuites, José Alberto Toledo Villalobos, fue asesinado el pasado fin de semana, denunció la organización Articulación de Pueblos Originarios del Istmo de Tehuantepec (Apoyo).
Unión Hidalgo, Oax. Guadalupe, Isabel y Rosario son mujeres indígenas zapotecas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente; no son sumisas y tampoco débiles. Al contrario, salen a la calle y defienden sus saberes comunitarios ante los megaproyectos instalados en el Istmo de Tehuantepec. No ha sido fácil porque han sufrido hostigamiento, discriminación y en algunos casos agresiones verbales y sicológicas.
Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) relató que Benjamín Juárez José, el presidente suplente de Ucizoni, fue detenido por policías municipales y con violencia fue subido a una patrulla y 
El presidente municipal Wilson Sánchez Chévez se reunió la mañana de ayer con los diversos comités de propietarios de tierras de las empresas eólicas que funcionan en este municipio para atender sus principales demandas, de manera conjunta.
Pese a las presiones para que la comunidad zapoteca “donara” 34 hectáreas de tierras comunales para instalar una base militar y un hospital de especialidades castrense, a cambio de otorgarles concesiones de taxis, la población rechazó la oferta de la Sedena, confirmó la Red de Esfuerzos Defensa del Territorio (REDT).
56 días cumplió el bloqueo en el parque eólico “5 palmas” propiedad de la empresa Eólica de Francia (EDF) en el municipio de Santo Domingo Ingenio que encabezan propietarios de tierras, lo que ha ocasionado que más del 50 por ciento de turbinas eólicas, es decir 52 torres de un total de 80 instalados se encuentren fuera de servicio.
Pescadores organizados y libres de San Francisco del Mar anunciaron su rechazo al proyecto eólico que pretende instalarse en la zona denominada “Boca Barra” que 
Integrantes del Comité Indígena Pro Defensa de la Tierra y Territorio del municipio de Unión Hidalgo, denunciaron la opacidad con la que se conducen las autoridades Federal y Estatal, al ocultar información sobre la llegada de nuevos proyectos eólicos al estado, y principalmente a la región del Istmo de Tehuantepec.
Indígenas zapotecos de 16 comunidades del valle de Ocotlán y Zimatlán serán consultados para la modificación del decreto de veda de 1967, el cual 
Sabemos que las empresas mineras tienen como política, romper el tejido social de las comunidades donde pretenden establecerse o se han establecido, provocando: la confrontación entre familias y miembros de la comunidad, la desaparición de asambleas comunitarias u otros espacios para la toma de decisiones colectivas, la corrupción de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, el establecimiento de grupos paramilitares o de otra naturaleza violenta que provocan intimidación entre los habitantes, así como el asesinato de defensores comunitarios.
Ciudad de Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos. Durante el foro regional sobre las afectaciones de la minería se sumaron 2500 firmas en contra de este proyecto minero, asimismo se fortaleció la articulación regional y estatal para la defensa de la vida, en contra de la ambición de empresas irresponsables y de la corrupción en algunas autoridades locales, estatales y federales. Se destacó la participación de las mujeres istmeñas que físicamente han enfrentado el “saqueo y despojo” de empresas extranjeras, el cual ha permitido y hasta alentado el Gobierno Federal, Estatal y de algunas autoridades municipales y comunales. Este primer foro, se consideró como un llamado a las autoridades y ciudadanía en general a no esperar a que la mina se establezca, sino reforzar el mensaje, “enérgico y firme”, de que el pueblo dice NO A LA MINA.
24 agrupaciones locales manifestaron su rechazo al proyecto minero en Ciudad Ixtepec, el cual abarca una concesión de 8,150 hectáreas, denominada “lote NIZA” con número de título 232089, otorgada por el Gobierno Federal a través de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía en el año 2008 a la empresa Minera Plata Real, para extraer oro y plata de territorio ixtepecano durante 50 años.
La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca confirmó el registro de 69 casos relativos a agresiones a personas defensoras de los derechos humanos, 33 contra mujeres y 36 en agravio de varones. La información fue proporcionada en atención a la solicitud del Ombudsman de Oaxaca, para documentar la recomendación general número 25 sobre agravios a personas personas defensoras de los derechos humanos, que hizo pública el lunes.
En cumplimiento del mandato de la asamblea, autoridades comunales y municipales así como jóvenes voluntarios del colectivo Matza acudieron a inspeccionar el estatus de los proyectos mineros en La Cristalina, territorio Chimalapa, en los límites con el municipio de Zanatepec. En el lugar señalado por una de las mojoneras, correspondiente al título de concesión número 231753 a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, sobre el lote Mar de Cobre, con una superficie de cinco mil 610 hectáreas, constataron el uso de explosivos en años pasados.
Representantes de Organizaciones no Gubernamentales, comuneros e indígenas ikoots, mixes, y zapotecas del Istmo de Tehuantepec, se pronunciaron durante el foro denominado “En defensa del territorio, bienes comunales y cultura indígena” al no despojo de su “hogar”, que consideran sus mares, sitios sagrados y recursos naturales. En este lugar se pretenden ubicar proyectos mineros, eólicos y el llamado “gasoducto Salina Cruz- Minatitlán”, y los asistentes expresaron que no permitirán ser domesticados por empresas extranjeras.
La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), a través de la Dirección de Industria y Minería, se ha dado a la tarea de impulsar el sector minero del estado, dada la gran diversidad de minerales que existen: plata, oro, plomo, zinc, hierro, titanio y uranio.
Se realizo la instalación del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Oaxaca, la titular de la SEDATU afirma que por primera vez hay una responsabilidad legal de las empresas mineras, ya que por cada peso que pagarán por la explotación, 50% se destinará a los municipios, señalo también que Este Comité es un órgano colegiado integrado por representantes de los tres órdenes de Gobierno, comunidades agrarias y empresas mineras, y tendrá entre sus atribuciones definir la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
En el marco del tercer aniversario luctuoso del líder anti mineras de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca, Bernardo Vásquez Sánchez, y a partir del seguimiento que EDUCA ha hecho sobre el establecimiento de empresas mineras en nuestro país, se hace del dominio público la primera de tres infografías para compartir datos sobre la problemática que genera permitir la extracción minera en territorio nacional. Los datos contenidos en este material gráfico hacen referencia al número de concesiones, proyectos mineros y la predominancia de estos en México para dar una idea de las futuras afectaciones a la ciudadanía. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, concesionaron 52 millones de hectáreas a empresas mineras, esto equivale al 26% del territorio nacional.
El mes de marzo es un mes especial para seguir en lucha permanente contra todas las injusticias de la sociedad. En este mes conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres (08 de marzo) el Día Internacional de Lucha Contra las Represas (14 de marzo) y el Día Mundial del Agua (22 de marzo). Debemos denunciar la explotación de nuestro pueblo, en especial de las poblaciones afectadas que son expulsadas de sus tierras; denunciar la entrega de los recursos naturales y de los recursos públicos en las manos de grandes grupos nacionales y multinacionales; denunciar las políticas de los estados nacionales que hieren los derechos de los pueblos y promueven la destrucción de la naturaleza.
Enero y febrero de 2015 se han traducido para pueblos y comunidades del estado de Oaxaca en una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, marcadas principalmente por la imposición de mega proyectos, el uso de recursos públicos para presionar a las comunidades, presencia policiaca y militar en diversas regiones, así como una serie de amenazas, intimidaciones y agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios, principalmente de derechos territoriales, quienes legítimamente y por las vías legales y pacíficas hemos demostrado la inviabilidad de los mismos.
Luego de acusar que la presa Paso Ancho es un negocio más de los funcionarios del gobierno, el presidente del ProOax, José Márquez Pérez, advirtió que la obra lo único que será es abastecer de agua contaminada durante 50 años a la Ciudad de Oaxaca de Juárez. En entrevista, el titular del Patronato Pro Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (ProOax), precisó que la obra no terminará con el desabasto de agua potable en la Ciudad. “Lo que hará es dotar de aguas negras a la población pues se tomará el vital líquido de los ríos Atoyac y Salado, los cuales están sumamente contaminados de basura, aceites y otro tipo de desechos industriales”, afirmó. La presa Paso Ancho es un negocio de los funcionarios que va a costar 3 mil 500 millones de pesos y lo único que vamos a captar es agua contaminada del río Atoyac y el río Salado los cuales están seriamente contaminados y esa agua es la que nos van a regresar y a qué costo, cuestionó. Consideró que más que una presa se debe promover la sustentabilidad hídrica de los Valles Centrales mediante un programa amplio para recuperar agua que alimente los mantos freáticos que se están acabando. “Cada año le quitamos 40 centímetros al manto freático y llevamos años extrayendo agua y no se recupera, entonces tenemos que retener agua antes de que lleguen a los ríos que están contaminados tanto el Atoyac como el Salado». Informó que hay un proyecto integral del investigador, Antonio González Rosser consistente en el rescate a través de la retención de agua, que registra algunos avances pequeños. Señalo que Ocotlán de Morelos tiene la mejor planta de tratamiento de aguas residuales, esta planta se mantiene porque la sostiene la minera de San José del Progreso, paga 120 mil pesos que cuesta el mantenimiento y parte del agua tratada se aprovecha en la minera. De acuerdo con datos técnicos de la Secretaría de las Infraestructuras, será el río Atoyac que en un tramo también adopta el nombre de río Verde el cual abastecerá de agua a la presa Paso Ancho.
En 2013, las lluvias provocadas por los huracanes Ingrid y Manuel dejaron afectaciones en más de 100 mil viviendas, casi las mismas que sufrieron por Trudy en 2014. Del censo que se hizo para reconstrucción en 2013 se consideraron 100 viviendas afectadas pero personal del gobierno sólo autorizó cuatro beneficiarios quienes recibieron un pie de casa con material prefabricado, sin que tengan servicios como agua potable o drenaje.
El 22 de octubre de 2014 la CONAGUA emitió su opinión técnica después de corroborar el fenómeno de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocasionado por la Tormenta Trudy; el 23 de octubre de 2014 se instaló el Comité de Evaluación de Daños en el cual el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó a la Secretaría de Gobernación la Solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva. En consecuencia la SEGOB emitió la Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial de 17, 18 y 19 de octubre, en 33 municipios del Estado de Oaxaca, entre ellos se encuentran municipios de la región de la costa que resultaron afectados por la tormenta tropical Trudy del 17 al 19 de octubre de 2014 y fue publicada en el DOF el 29 de octubre de 2014.
El Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo durante la ponencia “Nuevos Horizonte para los Derechos Humanos” que tuvo lugar en la ceremonia por el XIX aniversario luctuoso de Nahum Carreño Vásquez advirtió que autoridades gubernamentales y empresas deben revisar y modificar sus mecanismos de actuación en relación con la explotación minera, la instalación de plantas para la generación de electricidad a partir de energía eólica y en la construcción de la presa Paso de la Reina, ya que los mecanismos empleados por empresas y permitidos por distintos niveles de gobierno ya generaron inconformidad y denuncias sobre la falta de consulta o la realización de consultas amañadas, en contravención de lo dispuesto por el marco internacional de los derechos humanos. Detalló que los principios de la ONU en esta materia se apoyan en tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.
En días pasados, se hizo pública la noticia sobre la contaminación ambiental producida por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi y la suspensión del suministro de agua a miles de personas del estado de Sonora.
El día 21 de julio se celebró el día mundial de lucha contra la Mega Minería, en diversas partes del país se realizaron acciones, para expresar su rechazo total al desarrollo de este tipo de actividades económicas en el país, ya que a través de diversos informes se encuentra documentada la violación sistemática de los derechos humanos, originadas por empresas mineras en complicidad con las autoridades federales y estatales. Según la Coordinación General de Minería, instancia dependiente de la Secretaría de Economía, a nivel nacional se encuentran registrados 864 proyectos mineros. Oaxaca se encuentra en la octava posición. Hasta julio de 2014, en Oaxaca se encuentran registrados 40 proyectos mineros, impulsados por 24 empresas registradas en Canadá, USA, Perú y Australia. 32 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de producción comercial, ubicados en San José del Progreso y San Pedro Totolapam y 4 más suspendidos en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Santa Catarina Lachatao, Tálea de Castro y Capulálpam de Méndez. Estos proyectos involucran a 22 municipios del estado, los cuales no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras, mucho menos conocen sobre los graves impactos que este tipo de actividades ha generado en otros estados en los ámbitos: ambiental, social, político y cultural. Las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, están generando las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir “legalmente” este patrón de conducta de las empresas. En este sentido es preocupante el paquete de reformas en materia energética y de hidrocarburos aprobados recientemente, ya que proporciona mayores garantías al sector privado, sobre todo trasnacional, en detrimento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, por lo que exigimos respeto al derecho al territorio de pueblos y comunidades en el estado de Oaxaca.
En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, se reunieron organizaciones civiles y comunidades para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país y que favorecen intereses de empresas nacionales y extranjeras, representando un despojo territorial legalizado. Para la mayoría de los movimientos y comunidades que legítimamente se oponen a estas reformas, han encontrado por parte de los tres niveles de gobierno engaños, mentiras, amenazas, represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hasta ejecuciones a defensores y defensoras comunitarias. Por ello denunciaron: Que la política hídrica del gobierno mexicano incumple las cuatro características de la Observación General N° 15 (Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU) para el acceso al agua; El derecho humano al agua se ha convertido en un pretexto para la privatización de este bien, (borrador de la Ley de Aguas/CONAGUA en 2013); Que CONAGUA, no está ejecutando las sentencias de Tribunales, ni respetando las decisiones de comunidades y movimientos; CFE, diputados y senadores locales, presionan y hostigan a comunidades aglutinadas al COPUDEVER para la aceptación del proyecto Paso de la Reina; La Comisión Nacional Forestal, a través de la empresa DIAAPROY S.A. de C.V. desacata la decisión de comunidades de la Sierra Sur y Costa de no permitir la realización de estudios en sus territorios; Exigen la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui, dirigente de la CECOP e integrante MAPDER y la liberación de todos los activistas, defensoras y defensores del territorio detenidos injustamente; Exigen el respeto al derecho a la consulta y piden deje de ser utilizado por parte del Estado Mexicano como herramienta para legitimar megaproyectos en el estado de Oaxaca y en todo el país.
El consejero presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, admitió que en Oaxaca se han generado violaciones importantes al derecho que tiene que ver con la consulta libre e informada de pueblos y comunidades, sobre la construcción y/o instalación de megaproyectos.
Nereo García García Delegado de la PROFEPA, informo que la actividad minera en Natividad, Ixtlán de Juárez y Cuzcatlán enfrenta problemas con esta dependencia federal, al no cumplir con las normas ambientales establecidas para el desarrollo de esta actividad. El delegado explicó que en Cuzcatlán existe una queja por el procedimiento de los trabajos mineros, por lo que incluso hubo una sanción y existen verificaciones. También dijo que nunca falta quien piense que la PROFEPA no se va dar cuenta de los trabajos de exploración que realizan, acusando después a la procuraduría de obstaculizar los trabajos cuando son las empresas mineras quienes infringen la ley; también dijo que la visión empresarial minera existe un problema, ya que la mayoría de los mineros primero comienzan los trabajos y luego quieren obtener los permisos para el cambio de uso de suelo. “Minimizan el tema ambiental, pero la PROFEPA por programa o denuncia inspeccionan las áreas” señaló.
En el marco del taller » Gestión ambiental» Vicente Aranda Vázquez director de Industria y Minería de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), explicó que el desplome en la inversión en el sector minero en Oaxaca obedece a que las industrias extranjeras ‘huyeron’ del estado debido a la baja producción, situación a la que se sumó la crisis y desplome en el precio de los metales en el mercado internacional además de la aplicación de nuevos impuestos establecidos en la reforma fiscal, descartó que los conflictos sociales y la oposición de las comunidades, sean los factores que ahuyentan la inversión en territorio Oaxaqueño, y aseguro que la caída de la inversión privada en Oaxaca se debe a que las empresas mineras con trabajos de exploración se retiraron de la entidad al no obtener los resultados esperados, tanto en lo económico como en los materiales que pretendían explotar. Informo también que de los 15 proyectos que había en 2010 actualmente prevalecen apenas nueve de ellos, distribuidos en las regiones del Istmo, Mixteca y Cañada.
Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos que lo ha convertido en un territorio susceptible de problemas por la llegada de las empresas mineras internacionales. Julián Eduardo López Reyes gerente regional Sur del SGM, durante su ponencia en el Taller “Gestión Ambiental en la Minería” señaló que en el estado hay 14 regiones mineras entre las que se encuentran: la Región Mixteca, Taviche, San José de Gracia, Zaniza, San Miguel Peras, la Sierra Norte, Telixtlahuaca, Pochutla, La ventosa, Tapanatepec, La Ventosa, Tlaxiaco, entre otras. Según datos de la SENER del Gobierno Federal, para el año 2008, las concesiones para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio estatal, y se han otorgado 20 proyectos a diversas empresas; algunas mantienen hasta dos o tres proyectos en diversas zonas. Algunas empresas son Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd. Entre las empresas que se dicen “explorando” las zonas se encuentran Golden Trump Resources, s.a. de C.V. en San Pedro Totolapam, Zalamera, S.A. de C.V./chesapeake cerro calavera exploración regional Gold Corp-Minera Pinnacle de México, en San Dionisio Ocotepec, fortuna mines/cia. Minera Cuzcatlán en San José del Progreso. Debido a los problemas con grupos defensores del territorio y ante la negativa de la entrada de las empresas trasnacionales “que han saqueado los minerales” hay 21 minas inactivas. Actualmente en Oaxaca solo existe 1 mina activa de minerales metálicos.
La Delegación de la SAGARPA en Oaxaca estableció un convenio de colaboración con el gobierno del estado, a través de la STyDE mediante el cual se apoyará la integración de proyectos para minería social. El delegado de la SAGARPA Manuel García Corpus expuso que con este acuerdo los habitantes de comunidades de alto grado de marginación que no tienen actividad agrícola y pecuaria pero que si cuentan con vocación minero no metalífero, podrán acceder a incentivos de hasta un millón de pesos de componente de minería social, y que el trabajo coordinado entre ambas instancias permitirá mejorar el proceso de extracción y transformación de los minerales de uso artesanal, industrial, agrícola y de derivados pétreos para la construcción. Por su parte José Zorrilla de San Martín Diego secretario de la STyDE dio a conocer que el Gobierno del Estado buscará contar con un área técnica especializada para evaluar y proponer proyectos mineros sociales, también informo que se tienen identificados 20 proyectos en la Dirección de Industria y Minería que cumplen con los requisitos para ser apoyados por la SAGARPA.
Marcos Leyva Integrante del Colectivo Oaxaqueño en defensa de los territorios declaro que los proyectos mineros no generan mejor calidad de vida en las poblaciones donde se ejecutan, ya que sólo es ganancia para los que tienen las concesiones. Refirió que las empresas mineras todavía tienen muchos privilegios en nuestro país, pues la ley minera, que aún no está vigente, “no contempla ni siquiera impuestos para las ganancias de las empresas”; afirmó también que el mayor número de empresas mineras establecidas en el país tienen que ver con la sustracción de oro y plata, pero no necesariamente colaboran con el desarrollo social de las localidades donde trabajan.