En días pasados, se hizo pública la noticia sobre la contaminación ambiental producida por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi y la suspensión del suministro de agua a miles de personas del estado de Sonora.
Ante este hecho EDUCA expresa su preocupación ya que lo sucedido evidencia los beneficios legales, económicos y políticos con las que gozan dichas empresas, mismas que amparan violaciones sistemáticas a los derechos colectivos en todo el territorio nacional. En el estado de Oaxaca se vive una preocupación similar ya que no existe información por parte de las autoridades estatales y federales sobre los impactos producidos por esta actividad económica. En el estado se han otorgado hasta julio de 2014, trescientos treinta y tres títulos de concesiones mineras, encabezados por 40 proyectos mineros.
En los Valles Centrales de Oaxaca tan solo en el municipio de San José del Progreso la actividad minera ha generado denuncias por falta de agua a raíz de las actividades que realiza, así como contaminación de algunas fuentes de agua, estas problemáticas han derivado en enfrentamientos uno de ellos derivo en la muerte del activista Bernardo Méndez Vásquez por policías municipales y grupos armados. Estos hechos evidencian una violación sistemática a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y rurales, donde el discurso del crecimiento económico y la generación de empleos queda vacío ante la negligencia, opacidad y omisión de las autoridades de promover y proteger los derechos de dichos pueblos en Oaxaca y en todo el territorio nacional.
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- : 01/09/2014
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