Por falta de consensos tras el proceso de consulta indígena y las posibilidades que hoy otorga la Ley de Amparo, la construcción de la hidroeléctrica Puebla I lleva un año tres meses detenida junto con la inversión de más de 1,000 millones de dólares y el compromiso de que la constructora incremente en el equivalente a 27% anual el presupuesto de los tres municipios involucrados en la sierra de esta entidad.
Fernando Barrera, responsable del proyecto en Deselec, filial de la empresa Comexhidro, explicó que la empresa llegó en el 2010 (cuando la reforma energética no obligaba a la consulta indígena) y desde entonces comenzaron a negociar con las siete comunidades nahuas y totonacas de los municipios de San Felipe Tepatlán, Tlapacoya y Aguacatlán.
En el 2015, cerraron las negociaciones y acordaron beneficios a 25 años para las comunidades, como la entrega de 3 millones de pesos anuales para infraestructura en estos municipios que tienen presupuestos de 10 millones de pesos cada uno, más otros 5 millones al año aproximadamente en proyectos de salud y educación.
Pero según él, tras obtener el financiamiento en abril del 2016, la empresa recibió la notificación de un amparo contra los permisos otorgados por las distintas autoridades: Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional del Agua y municipios. El recurso lo promovieron cuatro personas, asesoradas por el Consejo Tiyat Tlali y Fundar, que argumentaron afectaciones y con ello, el juzgado civil primero de Atlixco, ordenó la suspensión de la obra.
Cuando recibieron la notificación de la suspensión, la empresa ya había comprado o arrendado como servidumbre de paso 290 terrenos en las 15 hectáreas donde pretende instalar las máquinas y el embalse en el río Ajajalpan, para esta planta con capacidad de 60 megawatts.
Deselec-Comexhidro llegó al juicio como tercero involucrado y a la par de miembros de las comunidades (que esperaban los 800 empleos prometidos) lograron que el juez levantara la suspensión para iniciar las obras en San Felipe Tepatlán y Tlapocoya. Pero un error administrativo en la redacción de un cargo impidió que hasta el día de hoy se levante la suspensión en Aguacatlán. Y la obra sigue detenida, aunque así seguirá, dijo el representante de Comexhidro, hasta que exista una sentencia, porque los socios consumidores de este proyecto legado de autoabasto, que son Walmart, Suburbia, Waldo’s Dólar, Operadora Vips, Colchas México e Ileana Jinich Mekler, así como los financiadores, no invertirán en un proyecto con este grado de incertidumbre.
Con la reforma del 2013 a la Ley de Amparo, se concede el amparo indirecto a quienes se autodenominen indígenas, por su personalidad y no por la materia de la queja, con lo que los jueces están obligados a suspender la ejecución de las obras mientras dictan sentencia.
Para evitar llegar a estas instancias, desde las modificaciones legales de la reforma energética se estableció que antes del otorgamiento de cualquier permiso debe existir una consulta previa, libre e informada en que se negocie la autorización de las comunidades. La Secretaría de Energía tiene la obligación de realizar estas consultas con sus propios recursos.
- : Medios de comunicación
- : 30/06/2017
- : Nahuas y Totonacas
- : Puebla
- : San Felipe Tepatlán; Tlapacoya; Aguacatlán
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