Durante la implementación de proyectos mineros, parques eólicos y gasoductos, las comunidades indígenas de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca no se benefician de ese desarrollo económico. En contraste, las empresas que operan en su territorio han pisoteado sus derechos humanos: arriban, no realizan una consulta libre, previa e informada a los habitantes, sobornan a las autoridades ejidales para despojarlos de las tierras que emplean para sus actividades económicas como la agricultura y afectan su identidad, cultura y medio ambiente, denunciaron miembros. Ante ello, reclaman una transición energética democrática, participativa y acorde con sus derechos sociales y ambientales. No están en contra de la energía, dijeron, sino de la forma en como se está procediendo.
Además, de acuerdo con la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) legitima ese arrebato de su viento, mar y tierra; los obliga a subsidiar a empresas privadas con su presupuesto municipal y riquezas naturales, y elimina su capacidad de decisión democrática. Estas medidas, por sí mismas, frenan el desarrollo social prometido.
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- : 30/09/2016
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