El 6 de agosto de 2014, en México ocurrió el «desastre ambiental más grave de la minería en México»: 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado fueron derramados en los ríos Bacánuchi y Sonora.
Por desgracia para las 22 mil personas de siete municipios situados en las orillas del Río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviá- Cora y Ures, el hecho les cambió la vida, las preguntas que se hicieron poco después del derrame y las que se hacen ahora, casi cuatro años después, han cambiado poco: ¿Por qué la empresa no tomó medidas para evitar el desastre? ¿Qué ha hecho el gobierno para garantizar que se reparen los daños a la población? ¿Es posible que una empresa contamine un río y siga operando como si nada hubiera ocurrido?
A partir de septiembre de 2014, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), grupo ciudadano creado a raíz del derrame para luchar por la remediación y limpieza de los ríos Bacánuchi y Sonora, se ha dado a la tarea de buscar cómo respondieron la empresa y el Estado a esta emergencia medioambiental para exigir cuentas.
Las respuestas del Estado y de la empresa llegaron dos meses después y sorprenden por sus múltiples contradicciones.
A continuación les compartimos los principales hallazgos que fueron recogidos en el informe realizado por los Comités junto a la organización PODER para el Relator Especial de la ONU sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Baskut Tuncak, durante una visita este mes.
- : Medios
- : 09/05/2018
- : Sonora, México
- : Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación PODER
- : Acciones de Denuncia Pública
- : https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/09/las-enormes-deudas-de-grupo-mexico-y-el-estado-mexicano-en-el-caso-rio-sonora_a_23431147/?platform=hootsuite