Ante el desacato de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, al acuerdo de la asamblea ejidal para prohibir la minería en su territorio, los campesinos de esta comunidad están molestos porque vulnera su derecho a la libre determinación, pero también están más decididos a no permitir su ingreso y el desarrollo de cualquier actividad en su jurisdicción.
Por mayoría, la asamblea ejidal convino, el 13 de octubre de 2016, rechazar alguna autorización en favor de personas, dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y a cualquier instancia de gobierno, para realizar estudios de prospección, exploración y explotación de minerales en su territorio, al descubrir que la Secretaría de Economía (SE) había otorgado la concesión Progreso II a la compañía canadiense en su territorio y en otras comunidades vecinas, para expandir las operaciones de la mina La Trinidad, localizada en San José del Progreso.
Sin embargo, los campesinos se percataron el 30 de junio de 2017, que la empresa canadiense había hecho excavaciones en sus tierras, en los límites con San José del Progreso, a pesar del acuerdo de la asamblea ejidal, que fue presentado en el Registro Agrario Nacional (RAN).
Los ejidatarios se opusieron a la ampliación de Fortuna Silver Mines, porque la concesión Progreso II contaminará un área eminentemente agrícola y forestal, ubicada en el paraje Las Marías, donde se encuentran las presas Bordo Vallito y Yoguvene, en jurisdicción de San José del Progreso y San Martín de los Cansecos, que se utilizan para el consumo humano y el campo.
Además, el paraje Las Marías tiene una gran importancia para las comunidades, por ser una de las zonas principales para la recarga de mantos acuíferos y como consecuencia, la minería se convertirá en una grave amenaza ambiental.
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- : 19/06/2018
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