Durante 12 años, los deudos de los trabajadores fallecidos en la mina Pasta de Conchos recorrieron instancias judiciales intentando que se investigara lo ocurrido, recuperar los cuerpos, obtener indemnizaciones y pensiones justas, además de erradicar la precariedad en las condiciones de seguridad, salud y de derechos laborales prevaleciente en la región carbonífera de Coahuila.
Fue infructuoso. La empresa declaró, con un peritaje de dudoso rigor científico, que era imposible avanzar en el filón. Los gobiernos estatal y federal aceptaron sus argumentos; sin cuerpos, emitieron actas de defunción que se usaron para tasar cotizaciones bajas, dejando a las familias en la miseria sin reconocerles siquiera “interés jurídico” y, con todo eso, fue posible dar carpetazo a la averiguación previa federal abierta por el siniestro del 19 de febrero de 2006, que causó la muerte de 65 trabajadores y daños irreparables a la salud de ocho más.
Con todas las puertas del sistema de justicia cerradas, en 2010 finalmente llevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero por condiciones de procedimiento fue hasta el pasado 24 de febrero cuando, con base en el Informe de Admisibilidad 12/18, se aprobó abrir el caso 13.552, lo que se notificó a las víctimas el 26 de marzo.
- : Medios
- : 03/05/2018
- : La Familia de Pasta de Conchos
- : Acciones de Denuncia Pública
- : https://www.proceso.com.mx/532608/pasta-de-conchos-el-primer-caso-minero-que-admite-la-cidh