La empresa canadiense Álamos Gold pretende impulsar en más de 15 mil hectáreas de Temixco, Xochitepec y Miacatlán en Morelos mineras a cielo abierto, lo que rechaza Unificación de Pueblos y Colonias Contra la Minería en Morelos.
Se define entonces minería a cielo abierto como aquella que busca la obtención de recursos naturales en la superficie del terreno y no de forma subterránea, aplicando sustancias químicas que remueven grandes cantidades de sedimento para la extracción de minerales, como oro, cobre o uranio. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan.En México, así como en todo el mundo existen pueblos organizados que se oponen a la megaminería y llevan adelante acciones para garantizar la vida y los derechos humanos frente a esta industria que extrae todo sin dejar nada.
Es por ello que la Unificación reafirma su rechazo al proyecto minero y señala que «su progreso es barbarie, ecocidio, es devastación», y recuerda que el proyecto que se pretende realizar en la región es una amenaza no sólo para el medio ambiente, sino también para el patrimonio histórico y cultural de Xochicalco.
Ni siquiera en el escenario de la crisis pandémica las transnacionales sacian su apetito leonino. Muchas de ellas preparan ya procesos contra algunos de los Estados que aplicaron leyes de emergencia para confrontar al COVID-19. Argumentan que sus intereses económicos se vieron perjudicados por medidas de protección social. Esas demandas a los Estados por parte de las multinacionales cuentan con un soporte jurídico: el mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS, en sus siglas inglesas). Dicho instrumento, presente en todos los tratados de protección de inversiones, permite demandar a los Estados que dicten leyes o decretos que afectan de una u otra forma las actividades comerciales de las multinacionales. No importa si dichas medidas fueron tomadas en condiciones de emergencia como la actual y en el marco, por ejemplo, del cataclismo sanitario más violento que haya padecido el planeta en su historia reciente.
Actualmente, preparan una avalancha de demandas contra los Estados apelando a los tratados de inversión, según un informe de CEO y TNI. Según la UNCTAD, existen actualmente más de 1000 demandas inversor-Estado a nivel mundial. Número que podría explotar a raíz de la pandemia. La organización ISDS Impactos publica un extenso estudio que afirma que Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú son pasibles de 206 demandas -el 73% del total continental- de parte de grandes empresas. Algunos sectores que van a aprovechar de este media durante la pandemia son el secto r del agua (países como El Salvador o Bolivia, el Gobierno han dado acceso a agua corriente gratis a familias contagiadas) o el de la sanidad, con el control temporal de hospitales privados (como en España o Irlanda), lo que Quinn Emanuel (animando empresas usar el ISDS) consideran una expropiación indirecta, “incluso aunque los Gobiernos hayan costeado el uso de las instalaciones”. Juristas progresistas plantean una pregunta clave: “¿Por qué los agravios de los inversionistas frente a los Estados merecen una protección más sólida que la obligación de garantizar un nivel de vida adecuado a la población en general?”. Mientras, expertos de la ONU llaman a una moratoria de estas controversias.
El dirigente indígena Jhery Rivera fue asesinado en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba, en la comunidad de Mano de Tigre, por terratenientes durante un ataque en tierras ancestrales recuperadas, denunció la Federación Ecologista Costarricense (FECON). La Cruz Roja informó del fallecimiento de Jhery Rivera, de 45 años, quien presentaba un impacto de bala. Por su parte, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), denunció “la violencia racista que ha perpetrado un nuevo asesinato” y exige al Estado/Gobierno de Costa Rica “que actúe como corresponde y haga cumplir las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos”. Desde el domingo 23 de febrero grupos de terratenientes “llegaron a Térraba a intimidar y a agredir a personas indígenas de las 4 nuevas recuperaciones territoriales. Estas 13 familias recuperantes han sido testigos del racismo, dieron Alerta Temprana informando que los usurpadores actúan por xenofobia a los Pueblos Indígenas y han sido testigos de estrategias premeditadas de los No Indígenas para perpetrar actos de despojo y violencia amparados por la inoperancia estatal”, afrima FRENAPI. Cabe recordar que en marzo 2019 fue asesinado el dirigente indígena Sergio Rojas de la Comunidad bribri en Salitre.
«Oaxaca es el estado de la República con mayor potencial minero, en su mayor parte desaprovechada», aseguró Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE). Aunque reconoció que muchas comunidades del estado no están de acuerdo con la minería. «No es algo que tomemos como un hecho fatal» porque se busca “desmitificar” todo lo malo que se ha dicho de la industria, dijo.
En particular comentó que trabaja con el gobierno de Oaxaca «para llevar argumentos sólidos, que realmente sean convincentes” para cambiar la percepción de los oaxaqueños sobre la minería y exponerles que puede resolver todas las necesidades de infraestructura, como caminos, escuelas u hospitales pueden resolverse con la minería.
El subsecretario aseveró que no se tienen nuevos proyectos mineros en el estado pero existen otros muy importantes que no se han concretado pero el subsuelo oaxaqueño es rico en oro y petróleo y también en material de construcción como las tierras raras, arenas, gravas, grafito, barito o silicio.
También, apoyó la idea de consultas en cada etapa de proyectos mineras para informar la comunidad pero también porque darán certidumbre y seguridad a inversionistas. La minería se puede hacer de manera ambientalmente sostenible, socialmente incluyente y fiscalmente responsable generando recursos para la región, manifestó Quiroga.
Cuestionado sobre la oposición al Proyecto Transístimico Quiroga respondió: «es la riqueza de los mexicanos y de los pobladores. Son los que tienen que beneficiarse de esa riqueza. Es la única manera en que nuestro gobierno prevé el desarrollo el desarrollo participativo que genera el bienestar social en, para y por las comunidades».
“No van a ver a las mujeres en las calles gritando, no verán a las mujeres en la carretera haciendo marchas; nosotras estamos haciendo tlayudas, porque aquí en Teitipac somos las mujeres quienes trabajamos más, pero nosotras somos conscientes”, refiere Lorena García, mujer ícono de la lucha contra la empresa minera Plata Real y que en 2013 fue expulsada de la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac. Para las mujeres de esta población, ubicada en los Valles Centrales de Oaxaca, el territorio, es la vida, es una madre cariñosa: porque de ella nace el maíz y brota el agua para sus tlayudas, el principal sustento alimenticio y económico de la comunidad, dejando a un lado las remesas. Cuando en 2013 se comenzó a divulgar que la empresa minera estaba contaminando el agua de la comunidad, las ventas de sus tlayudas en los mercados empezaron a bajar. “y eso nos hizo enojar a las mujeres y nos organizamos para correr a la empresa minera”, cuenta Lorena y abunda “le preguntamos a las autoridades sobre la situación, y pues… nosotras al ver tanta problemática generada por la minería y que los hombres estaban tardando en solucionarlo, (porque en un principio eran ellos quienes tomaban las decisiones en las asambleas comunitarias) decidimos entrar a fortalecer la resistencia, las mujeres hicimos marchas, asambleas y protestas”.
“Reunidos en la comunidad de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, lugar donde llevamos el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos Si a la Vida, No a la Minería”, en el Encuentro participamos 60 comunidades del estado de Oaxaca, 33 autoridades comunitarias, y 36 organizaciones quienes nos encontramos luchando por la defensa de la tierra y el territorio y la imposición del Modelo Extractivo de diferentes megaproyectos que violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas bajo el amparo de las leyes mexicanas. (…) Nos pronunciamos por la vida, en ese sentido denunciamos el hostigamiento, la persecución y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, así como las estrategias de violencia que las empresas y el gobierno han utilizado para generar un clima de terror y miedo para mermar la lucha de las comunidades. (…) Nos sumamos a la exigencia para la cancelación inmediata de los proyectos mineros (…) otorgados por el Gobierno Federal, sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos. Exigimos el respeto irrestricto del derecho a la libre determinación y autonomía para que respeten nuestra forma de vida y nuestras aspiraciones que mejor nos convenga como pueblos y comunidades”.
Por lo menos 312 conflictos indígenas persisten en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente los mineros, seguido de problemas agrarios y servicios gubernamentales, donde Oaxaca ocupa el segundo lugar, reveló un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
Este órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación detalló que los estados donde se concentra la mayor conflictividad social son Chiapas con 60 problemas, Oaxaca con 46; Puebla con 32; Guerrero con 29; y Michoacán, Chihuahua y estado de México con 14 cada uno.
Entre los casos más emblemáticos de resistencia se encuentran los que mantienen los indígenas mixtecos del municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, que rechazaron el proyecto de la empresa minera Arco Resoursces Corporation para explotar una mina en terrenos comunales.
De igual forma, indígenas zapotecos del municipio de Magdalena Teitipac, de la región de los Valles Centrales, se oponen a la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por contaminar los mantos freáticos durante sus trabajos de exploración.
La comunidad de Magdalena Teitipac decidió iniciar una lucha contra la empresa minera que dividió a la población entre dos grupos quienes se manifestaban a favor y en contra, con incidentes de violencia y con un saldo de 40 personas que afrontan órdenes de aprehensión.
“En el 2009, algunos protestaron. No hubo una consulta previa ni información al pueblo, un año después empezaron a abrir brechas, los animales murieron y lo que más encabronó a las mujeres es que el agua que usaban para la elaboración de tortillas – una de las principales actividades económicas – estaba contaminada”, relata Fernando Martínez Molina, ex tesorero del Comisariado de Bienes Comunales. (…)
En febrero de 2013, la Asamblea General de Magdalena Teitipac tomó la determinación de expulsar de su territorio a la empresa minera Plata Real S. de R.L. de C.V, debido a que sus actividades provocaron contaminación al medio ambiente y al agua, generaron divisiones al interior de la comunidad, así como diversos problemas con sus autoridades locales, asegura Neftalí Reyes
En esta misma fecha la Asamblea nombra al Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac. A mediados del año, en julio de 2013, la empresa minera Plata Real retiró toda su maquinaria en presencia de las autoridades municipales, el Consejo de Ancianos y el Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac.
Al mes siguiente, dice el integrante de Educa, el Municipal en Sesión Solemne de Cabildo realizó la Declaratoria de Territorio Prohibido para la Minería, en presencia de 12 comunidades del distrito de Tlacolula.
Nueve comunidades de los municipios de Ejutla de Crespo, Ocotán de Morelos y Tlacolula de la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca presentaron en Conferencia de prensa la declaratoria sobre «Territorio prohibido para la mineria en Ejidos y Comunidades agrarias» manifestaron su rotundo rechazo a los proyectos mineros, denunciaron las concesiones mineras otorgadas que afectan gravemente los derechos de los pueblos indígenas, así como la tierra y el territorio.
Señalaron que los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos. Las comunidades firmantes asumimos el compromiso de defender regionalmente nuestro territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales, a partir de nuestros territorios ejidales y comunales, declarándonos como territorios prohibidos para la minería, con base en asambleas agrarias formalmente convocadas. Difundiéndolos ante los medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional. En este sentido, el día 08 de noviembre de 2015, mediante una asamblea regional, decidimos emitir la presente declaratoria, la cual será entregada a distintas instancias estatales y federales exigiendo la cancelación de los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1, las cuales afectan una superficie de 49376.3501 hectáreas de nuestros territorios. Denunciaron el papel de la Procuraduria Agraria en la región para respaldar y generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los proyectos mineros. |
Activistas extranjeros procedentes de Canadá, Tailandia y Estados Unidos en la delegación “Sí a la vida y a la madre tierra, no a la minería”, visitaron comunidades como San José del Progreso, Capulálpam de Méndez y Magdalena Teitipac.
En México los proyectos mineros se realizan bajo el amparo de los gobiernos en sus tres niveles. durante las visitas conocieron la historia y procesos de resistencia y defensa de los derechos territoriales que están impulsando en cada comunidad, así como los riesgos que esto a implicado para las y los Defensores comunitarios. Señalaron los graves daños que generan los proyectos mieros en Oaxaca, señalaron que contabilizaron unos 40 proyectos mineros en Oaxaca, a cargo de 18 empresas, de las cuales, 16 son de origen canadiense y 2 con sede en Estados Unidos. Tan solo en la región de los Valles Centrales hay 18 proyectos. Señalaron que las empresas Fortuna Silver, Sundance Resources, Plata Real Minerals, Tungkum Limited, Imperial Metals Corporation, Taseko Mines LImited, Barkerville Gold Mines, Consol Energy, son entre las que operan en este territorio. La delegación de activistas extranjeros “Sí a la vida y la madre tierra, no a la minería” está integrado por 19 activistas extranjeros, entre ellos: Miguel Anguilar de ENGAGE, Coordinador national USA; Paw Mai, líder del Grupo que ama su pueblo (Tailandia) y Sacheen Seitcham, Ancestrab Pride. |
Catorce defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos enfrentan procesos penales en su contra, consecuencia de su labor de defensa contra la compañía minera Plata Real S. de R.L. de C.V., por lo que la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, Oaxaca, vive una situación de conflicto social y ambiental desde hace 6 años. Pese a la exigencia de la comunidad y pruebas aportadas por las asamblea general sobre la inocencia de las personas defensoras, el día 30 de julio de 2015 fueron liberadas órdenes de aprehensión contra Pedro Aguilar Aguilar y Pablo Aguilar García, de los cuales, el primero se encuentra recluido en el penal de Santa María Ixcotel, Centro Oaxaca. El mismo Pedro y su esposa Cresencia García Gómez, fueron también detenidos en agosto de 2014. De igual forma, el 30 de julio del 2012 y 30 de mayo del 2013, fueron detenidos Fernando Martínez Molina e Hipólito Alvarado Ignacio. |
1er Concurso de Canciones: “La minería afecta a la madre tierra y al agua” se realizo el 26 de agosto en la comunidad de Magdalena Teitipac con el objetivo de encontrar alternativas y saberes que nos ayuden a sanar el agua, el río y la tierra, así como para crear mas y mayor conciencia sobre el impacto de la minería a cielo abierto, en la salud y en la organización comunitaria.
al finalizar se premiaron a los tres lugares, reconociendo a todas y todos los participantes su creatividad en el desarrollo de las canciones que refleja también el compromiso por la defensa de los derechos a la tierra y territorio.
En el evento, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios (CODET) denunció la detención arbitraria del defensor comunitario Pedro Aguilar y otras 14 personas que enfrentan procesos penales con delitos prefabricados por oponerse a la operación de la compañía minera Plata Real en la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac. Los inconformes se quejaron que esta es una práctica sistemática de la empresa para la imposición de su proyecto, el cual ha generado una situación de conflicto social y ambiental desde hace seis años. Con base en la problemática que se vive en Magdalena Teitipac, los 15 participantes del concurso compartieron en sus canciones un mensaje de aliento hacia la comunidad, a quienes reconocieron el valor, la lucha y el coraje que han tenido para mantenerse firmes en la defensa de sus recursos naturales.
Los temas que resultaron ganadores fueron: en 3er lugar, La Serpiente de Adán Lucas, en 2º Lugar, ¿Qué vamos a heredar? del Profesor Eleazar y en el 1er Lugar, “Sangre Jornalera” de Juan García Ortega, originario de San Juan Guelavia.
16 comunidades y municipios indígenas emitieron una declaratoria para impedir la operación de empresas mineras de origen canadiense en su territorio. Se trata de los poblados de Magdalena Teitipac, Capulalpam de Méndez, San José el Progreso, San Juan Guelavia, San Bartolomé Quialana, Santa Cruz Papalutla, San Pablo Guila, San Marco Tlapazola, Teotitlán del Valle y Maguey Largo, quienes signaron la declaratoria de «Lugar Prohibido para la Explotación Minera». Con la determinación exigen al gobierno federal, y estatal intervenga para cancelar los contratos de concesión y explotación minera que tienen asignado varias empresas de origen extranjero. Dichas autoridades reprocharon la falta de consulta previa los ciudadanos y las razones de viabilidad de los estudios de impacto ambiental además exigieron se respeten los procedimientos de consulta comunitaria que constituyen una práctica ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones. Magdalena Teitipac determino a través de la asamblea comunitaria cancelar la operación de un yacimiento de plata que realizaba una empresa de origen canadiense.